Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la ganadería española es de las más avanzadas del mundo. La legislación comunitaria permite y regula la cría de animales de abasto en las condiciones más óptimas para satisfacer las demandas de sus producciones por parte de un mercado consolidado e igualmente regulado.
Las condiciones de sanidad animal, tecnificación ganadera, bienestar animal y seguridad alimentaria, son óptimas en España, al quedar bajo el afecto del acervo comunitario, e incluir unos estrictos requisitos y controles para su verificación, bajo una amplia legislación veterinaria, asegurando así, con unos elevados estándares de calidad, sanidad animal y seguridad alimentaria, una estructura productiva y de comercialización en el marco de la “Política Agraria Común” (PAC), y de las “Organizaciones Comunes de Mercado” (OCMs).
Con este sector ganadero, ─fundamentalmente intensivo─ y cárnico, es que se ha conseguido alimentar a satisfacción a varias generaciones con proteínas animales de alta calidad a precios bajos, la llamada “democratización de la carne” (sobre todo de porcino y aves). Eso sí, a cambio de una costosa PAC con unos mercados muy intervenidos para asegurar la renta mínima de los productores primarios, con grandes problemas estructurales como los enormes excedentes o la desaparición de pequeños productores, a favor de la economía de escala.
Ahora bien, al margen del ruido mediático y político, hay que señalar que dichos avances zootécnicos, tecnológicos y de sanidad animal (especialmente reseñables son las vacunas y los antibióticos), han tenido como consecuencia una progresiva intensificación de las producciones ganaderas, con unos problemas de compromiso de bienestar animal y, sobre todo, de gestión medioambiental, en el marco de la actual situación de emergencia climática, alrededor de cuyas soluciones gira un inevitable y necesario debate científico, socio-político y económico, al que no es en absoluto ajena la profesión veterinaria.
Concretando: desde hace años, la gestión de los purines en los países de mayor concentración de granjas porcinas intensivas, como Holanda, España y Alemania, son un importante problema. Igualmente, el consumo de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero (en términos de la contabilidad agregada nacional), la contaminación de acuíferos por nitratos, el gran consumo de soja y cereal para estos animales, (con sus efectos en la deforestación y la detracción para alimentación humana), etc.
España está a la cabeza de la UE (adelantando a Alemania) en producción ganadera porcina, con más de 32 millones de cabezas.
Igualmente, la sociedad cuestiona cada vez más el bienestar de los animales que producen nuestros alimentos, especialmente bajo sistemas intensivos, a pesar de la considerable mejora de los últimos años en la Unión Europea.
También existe una general aceptación a nivel científico sobre la necesidad de disminuir el consumo de carne (sobre todo roja y procesada) en los países más desarrollados, avalado por los principales organismos internacionales en materia de salud, particularmente la OMS y la IARC, lo que se puede relacionar con una disminución de la producción final ganadera.
Es obvio que la producción extensiva aventaja a la intensiva, tanto en materia medioambiental como de bienestar animal, e incluso de cohesión y vertebración social y de desarrollo rural, particularmente en áreas más azotadas por la despoblación.
Pero ni hoy, ni en el corto o medio plazo, la producción extensiva por sí sola podría satisfacer la demanda de carne actual del mercado nacional. Menos aún si, además, tenemos en cuenta las enormes cantidades de carne que España exporta. El ejemplo más significativo: según INTERPORC, en 2020, España colocó en el mercado chino 1.4 millones de Tm. de carne de porcino. Este comercio “oceánico” genera un importante beneficio económico, pero también un coste medioambiental añadido a la mochila de las emisiones de España.
Por todo ello, la cuestión crucial está en limitar y minimizar el tamaño de las explotaciones, en la línea estratégica manifestada en reiteradas ocasiones por la propia Comisión Europea.
En las denominadas “macrogranjas” (concepto no definido oficialmente, pero muy utilizado en medios y redes), se maximizan todos los problemas citados, sobre todo medioambientales; además de no ser un buen medio de generación de empleo ni de mejora de la cohesión social, desarrollo rural, etc., más allá de favorecer a las grandes empresas propietarias, (en algunos casos no son ni españolas).
En España, a pesar del gran ruido mediático, aún no son demasiadas, aunque pueden llegar a serlo si las autoridades competentes implicadas permiten su crecimiento, por legislación ambiental y ganadera más o menos permisiva, y subvenciones a su instalación.
El R.D. 306/2020 regula la ordenación de las granjas porcinas y las clasifica en función de su producción. Permite albergar un máximo de 720 U.G.M., es decir, el equivalente a 6000 cerdos de cebo de entre 20 y 120 kg. Aunque permite un aumento por las Comunidades Autónomas de hasta un 20 % de estos valores. Es decir, hasta 7200 animales al mismo tiempo (en total al año, esta cantidad aproximadamente se triplica, puesto que la media es de tres ciclos por año en cebo).
En el caso de una granja de reproductoras para producción de lechones, se permiten hasta 2880 cerdas, lo que puede suponer casi 80.000 lechones al año, en unos 2.4 ciclos.
Consultando el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), se puede comprobar que el tamaño medio de las explotaciones ha aumentado considerablemente desde 2007:
Las de tamaño reducido han disminuido en un 50%, y las del grupo 1 (siguiente en tamaño), en un 25%. Esto supone la desaparición de más de 40.000 de estas explotaciones.
Por el contrario, las más grandes, las de los grupos 2 y 3, han aumentado en un 25 y 49%, respectivamente.
Actualmente, las principales regiones donde se encuentran instaladas estas llamadas “macrogranjas” son: Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha. Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), en España hay actualmente 2441 explotaciones con más de 2000 cerdos de cebo, y 861 con más de 750 reproductoras.
Los problemas medioambientales que generan estas explotaciones son muy importantes, sobre todo en cuanto a la gestión de los purines, el abastecimiento de agua y la contaminación de aguas subterráneas con nitratos; a pesar de que se trata de granjas legalizadas y sometidas a controles oficiales.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en España, el 22% de las masas de aguas superficiales, y el 23% de las subterráneas, están contaminadas por nitratos, al superar los 50 mg/l, nivel máximo permitido por la OMS.
Por ello, en julio de 2020, la Comisión Europea remitió al Reino de España un dictamen motivado, que ha hecho reaccionar al Ministerio y prepara un Real Decreto regulatorio de nitratos en aguas, procedentes de fuentes agro-ganaderas.
En conclusión, la ganadería española es muy avanzada y en general se ajusta a la legislación ambiental y ganadera, pero está basada en el modelo intensivo, y, por tanto, se debería abrir un debate (que no confrontación), entre los sectores y partes implicadas, para adecuar el sector a los desafíos medioambientales actuales, y en particular a los “Objetivos y metas de desarrollo sostenible”, diseñados por la ONU para los próximos años. No era esperable que la ganadería y el sector de la carne fueran una excepción en el inexorable proceso de transición ambiental. La Veterinaria no sólo no puede quedar al margen de ello, sino que debe ser un actor fundamental en el proceso, como lo ha venido siendo en las últimas décadas.
PEDRO ANTONIO BALANZA VICENTE